Colombia:
entre el avance de los acuerdos en el proceso "de paz" y los
nubarrones del plebiscito
Tras pactar el cese del fuego, el proceso de
implementación de los acuerdos “de paz” está en plena marcha aunque todavía el
gobierno y las FARC discuten algunos elementos camino al acuerdo final.
Martes 23 de agosto
Tras
pactar el cese del fuego, el proceso de implementación de los acuerdos “de paz” está en
plena marcha aunque todavía el gobierno colombiano y las FARC discuten algunos
elementos camino al acuerdo final.
Con el apoyo del gobierno Obama y
la Unión Europea, la ONU y los “países
amigos” -como Argentina-, alistan el
dispositivo internacional que intervendrá en la desmovilización guerrillera. Sin embargo, el plebiscito
proyectado por Santos convoca nubarrones inesperados en el horizonte.
La ONU instrumenta el apoyo
imperialista a la “paz”
El
gobierno estadounidense interviene
abiertamente en los
diálogos de La Habana.
El enviado especial de Obama, Bernie Aronson, fue
autorizado a participar también en un eventual diálogo con el ELN, mientras el
congreso aprobó una partida de 450 millones de dólares para este año, en el
marco del Plan “Paz Colombia” centrado en financiar el inicio
del “posconflicto”. Varias potencias europeas adelantaron que también aportarán
fondos.
Obama desea ver sellado el acuerdo antes de dejar la Casa Blanca, pues lo
considera parte importante del “legado” que quiere dejar a su sucesor en Washington: una
política negociadora hacia América Latina que le permitió recuperar influencia
en el continente. Una “paz” en Colombia permitiría consolidar uno de sus
principales aliados en la región. Junto con el “deshielo” con Cuba y las
presiones para lograr una “transición poschavista” en Venezuela, sería un
paso importante en la recomposición del dominio regional yanqui, sin olvidar
el avance de sus aliados de la derecha sudamericana con el golpe
institucional en Brasil y el gobierno de Macri en Argentina.
La ONU está organizando la Misión
que supervisará la desmovilización guerrillera con participación de varios
países latinoamericanos. El gobierno de Macri ya ha enviado 6 militares y
alista el envío de otros 65 efectivos argentinos. Jefes militares,
comandantes guerrilleros y funcionarios de las Naciones Unidas ya realizan la
inspección de las 23 zonas (“veredas”) y 8 puntos
de campamento definidos para la concentración de unos 7.000 guerrilleros y
otros tantos “milicianos” de las FARC, cuyo desarme se completaría en un plazo
de seis meses a partir de la firma del acuerdo final.
Aunque las FARC advierten que sólo
iniciarán su desplazamiento hacia las zonas de concentración y una vez esté
refrendado el acuerdo final, esperando que se
garantice “la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia”, y aún
quedan por delimitar detalles de importancia, parece poco probable que el
proceso se interrumpa.
Tras más de una década de refuerzo
militar y ofensivas contra la
guerrilla financiada y “asesorada” por Estados Unidos en el marco
del siniestro Plan Colombia, las FARC han sido debilitadas pero no
destruidas.
Una solución puramente militar a la larga “guerra
interna” se demostró ilusoria y la negociación política, acompañado de presión
militar incesante, se mostró como el mejor camino para buscar el fin de la
insurgencia guerrillera a cambio de algunas concesiones menores, entre ellas,
un régimen especial de “justicia transicional” y mecanismos para integrarse a la
vida política legal como un partido más.
En esta negociación y más allá de
acercarse al fin de medio siglo de conflicto armado, los logros que se asegura
el Estado colombiano son enormes.
No es menor entre ellos, el haber logrado la aceptación
por las FARC de una variante de la “teoría de los dos demonios”, que pone en el mismo plano a la guerrilla
(que pese a sus métodos equivocados y acciones que en muchas ocasiones
afectaron al pueblo, es una fuerza que reflejó distorsionadamente la
resistencia campesina); y uno de los Estados burgueses más reaccionarios y
represivos del continente, cuyas fuerzas
son responsables de la inmensa mayoría de los crímenes cometidos en el curso de
la guerra: más de 220.000 asesinados, 45.000 desaparecidos, miles de “falsos
positivos”, incontables torturas y violaciones, entre 4 y 6 millones de
“desplazados” de las áreas rurales. Todo esto, con ayuda de sicarios al
servicio de las grandes empresas que han asesinado a numerosos dirigentes
sindicales y de los paramilitares que asolaron y aún actúan en el campo.
Si bien se han desmovilizado unos 30.000 de ellos,
muchos se han reagrupado en las llamadas Bacrim (bandas criminales) y apenas un
puñado ha sido juzgado y condenado por sus atrocidades.
Claro que no se cuestiona el derecho de las FARC a negociar con el gobierno el cese de su actividad militar, pero no puede aceptarse que sus dirigentes y la izquierda reformista, embellezcan lo que es el reconocimiento de su derrota estratégica como si fuera un triunfo popular. Por el contrario, es obligatorio desenmascarar el verdadero contenido del plan “de paz” impuesto por Santos con el apoyo burgués e imperialista.
Claro que no se cuestiona el derecho de las FARC a negociar con el gobierno el cese de su actividad militar, pero no puede aceptarse que sus dirigentes y la izquierda reformista, embellezcan lo que es el reconocimiento de su derrota estratégica como si fuera un triunfo popular. Por el contrario, es obligatorio desenmascarar el verdadero contenido del plan “de paz” impuesto por Santos con el apoyo burgués e imperialista.
La oposición de derecha
Dentro de Colombia, el plan de “paz” de Santos tiene el aval de la
mayoría de la clase dominante. Como editorializó hace unos días El Tiempo, de
Bogotá, comentando los enormes costos que insumirá la eliminación de
campos de minas plantadas por las FARC (que colaborarán en esta tarea con el
Ejército): “Quien no tenga clara la utilidad de los acuerdos de paz, quien siga
pensando que los principales beneficiados de la firma del fin del conflicto
serán los políticos de turno y los comandantes guerrilleros hará bien en
enterarse de la seriedad con la que se está enfrentando el reto gigantesco del
desminado, con un plan con el que se han comprometido las FARC.”
Esta es una admonición a las voces
que consideran insuficiente lo alcanzado en La Habana, como el ex
presidente Uribe y su partido, el Centro Democrático. Esta
corriente se apoya en sectores minoritarios de la burguesía, como los
ganaderos y terratenientes que se apropiaron de enormes extensiones de tierra gracias
al desplazamiento masivo de campesinos, ligados al narcotráfico y al paramilitarismo, que temen ver
cuestionadas algunas de sus “adquisiciones” ilegítimas.
Uribe critica los actuales acuerdos
reclamando términos más duros. Entre otros puntos, cuestiona la “justicia
transicional” porque según él, dejará a los jefes guerrilleros en la
impunidad mientras los militares y policías acusados de crímenes contra los
derechos humanos también deben someterse, cuestión falsa, porque más allá de
algunos casos individuales demasiado “quemados”, con el
actual plan la impunidad de las instituciones armadas en su
conjunto está preservada.
Con esto, Uribe busca
también capitalizar para sus propios objetivos políticos el rechazo a
las FARC que tanto él como Santos, junto a los grandes medios de prensa, han
sembrado aprovechando el aislamiento guerrillero respecto a la población y los
efectos negativos de sus acciones más nefastas.
Sin embargo el plan de Santos
mantiene consenso como el proyecto más serio. Su éxito permitiría lavar la cara
del régimen y legitimar las condiciones de acumulación impuestas tras décadas
de guerra interna para lograr algo así como una “reconciliación nacional” en una Colombia
cruzada por insultantes condiciones de pobreza parta la mayoría obrera, popular
y campesina, además de aliviar el gasto fiscal (la paz es más
barata que la guerra, le dice Santos) y atraer nuevas inversiones
extranjeras con las que redinamizar un “modelo” económico
que empieza a mostrar serias dificultades.
En efecto, la economía colombiana
está seriamente afectada por la caída de los precios de las materias primas, en
particular el petróleo y viene desacelerándose desde 2014. Este año el PBI
crecería apenas un 2,5%. Santos ha recurrido a privatizaciones (como en el
sistema eléctrico), ajustes en los servicios públicos y proyecta un aumento
de impuestos como el IVA, profundizando el programa neoliberal y los
ajustes como toda respuesta. Pero enfrenta un amplio descontento social,
incluyendo protestas campesinas, paros regionales y de otros sectores.
Un plebiscito que pone en
problemas a Santos
Con él Santos pretende
capitalizar el éxito de la “pacificación”, asestar un golpe a sus críticos
por derecha -el ex-presidente Uribe-, y recuperar fuerza política para
avanzar en nuevos ajustes y entregas al capital extranjero. El plebiscito se
convocaría tras la firma del acuerdo final, quizás para mediados de octubre.
Pero Santos podría haber cometido un error de cálculo político al pretender que esa iniciativa sea también un pronunciamiento sobre su gobierno, pues apenas tiene una aprobación del 20% (inferior a la de Maduro en Venezuela, según The Economist). Las primeras encuestas prevén una baja participación y además, se dividen sus pronósticos entre la aprobación y un posible rechazo.
Pero Santos podría haber cometido un error de cálculo político al pretender que esa iniciativa sea también un pronunciamiento sobre su gobierno, pues apenas tiene una aprobación del 20% (inferior a la de Maduro en Venezuela, según The Economist). Las primeras encuestas prevén una baja participación y además, se dividen sus pronósticos entre la aprobación y un posible rechazo.
Tras cuatro años de tortuosas
negociaciones y en medio del clima de descontento, las ilusiones en la “paz” entre la
población se han debilitado, abriéndole espacios al discurso del uribismo, visto
como la oposición al gobierno. El Polo Democrático, el Partido Comunista,
la Marcha Patriótica y otras expresiones del “progresismo” capitulan al
neoliberal Santos bajo la consigna del “¡Sí a la Paz!” en el plebiscito, que
es un mecanismo completamente antidemocrático, obligando a
pronunciarse entre un “sí” que implica el apoyo a Santos o el “no” identificado
con el uribismo.
El plebiscito es vinculante, pero la sentencia de la Corte aclara que
“no es sobre el derecho a la paz sino para aprobar o improbar el contenido de
los acuerdos que se alcancen en La Habana” dejando algún margen de maniobra
para el caso de un rechazo, que de todas formas provocaría una importante
crisis política poniendo en cuestión lo pactado en La Habana. Incluso una
aprobación con baja participación o por escaso margen podría no ser suficiente
para los objetivos políticos de Santos.
Está por verse como evoluciona el
asunto y para cuando se le pone fecha a la consulta. Entre tanto, Washington, la ONU
y las élites más lucidas de la burguesía colombiana seguirán haciendo lo suyo
para apuntalar el proceso de “paz”.
TOMADO DE: http://www.laizquierdadiario.com/
y
en Libertad Bermeja//Facebook
No hay comentarios:
Publicar un comentario