miércoles, 6 de diciembre de 2017

Los crímenes económicos de la burguesía venezolana

El antichavismo venezolano ha utilizado, desde aquella promulgación de las 47 leyes habilitantes de 2002 hasta hoy, el hambreo como herramienta para hacer política. Y definamos el hambreo como una parte más de la acumulación por despojo que se ha extendido a sangre, fuego y trampa por todo el planeta.
La parte más cómoda de la táctica para el empresariado chatarrero anclado en Venezuela, pero con intereses lejos de esta tierra, es que hambreando obtiene ganancias mediante el control del mercado vía cartelización, escondiendo la comida y medicamentos para causar compras nerviosas con precios impuestos que empujan la inflación y, con ella, la depauperación del ingreso familiar.
El capitalismo globalizado y financiarizado ofrece bienestar a todos aquellos quienes trabajamos. Para ello es importante la condición consumista. Que seas cliente es la divisa de la acumulación capitalista. En su diseño global nunca ha estado la opción de que decidamos respecto a lo que comemos, más bien, los procesos de dominación colonial de la modernidad han estado acompañados de la imposición de gustos, dietas e imaginarios de bienestar.
Como la guerra es el motor de lo que la modernidad-colonialidad concibe como progreso, no es raro que, además de impactar y saquear toda la red de vida (naturaleza + culturas), el saqueo fundamental se ha ejecutado en nuestra psique, pero la desesperación en la que intentan sumirnos ha topado contra la resistencia de un pueblo decidido a vencer sin vender su futuro al malandraje global representado por Trump. Ante cada victoria política de 2017 han arremetido con aumentos inauditos de precios, más acaparamiento y campañas de miedo.

Praneando de frente con la comida y los dólares

En este mes de noviembre se supo que la productora de pollo y productos derivados Protinal Proagro, ubicada en el estado Carabobo, botó miles de pollos vivos aptos para el consumo humano en fosas en los últimos ocho meses para causar escasez, así lo informaron los constituyentistas Mario Silva y María Alejandra Díaz durante el programa "La Hojilla", en el que mostraron videos de cómo se vertían en una fosa miles de pollos que podrían ser criados para el consumo y para la producción de huevos. Díaz indicó que "Hay evidencia con cifras reales que demuestran que eran aptos para el consumo humano".
Las primeras investigaciones sobre el hecho detallan que Protinal, a pesar de haber recibido 4 millones de dólares correspondientes para vacunas y alimentos esenciales para la cría industrial de estos pollos de engorde, prefirieron enterrarlos vivos para causar escasez del producto.
En vez de ser llevados a las granjas de engorde para su distribución en los mercados nacionales, los pollitos, al salir de la incubadora, fueron llevados a cementerios donde realizaron fosas y los enterraron vivos con el pretexto de que no eran aptos, sin embargo hay pruebas que demuestran lo contrario.
La contribución a la guerra económica de la empresa Molinos Nacionales C.A.(Monaca) fue dejar vencer 50 mil kilos de harina de maíz para el consumo humano, en cuatro de los 11 silos que se encuentran en la empresa ubicada en el municipio Simón Planas del estado Lara. Tras la denuncia del Comité Productivo de Trabajadores (CPT) de Demaseca, una comisión de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) reportó la extracción de 7 mil toneladas métricas de harina de maíz en mal estado.
Demaseca pertenece a Monaca, que pasó a ser filial de la transnacional mexicana Grupo Maseca (Gruma) desde 1999. Según la lista de divisas otorgadas por Cencoex a precios preferenciales publicada por el portal La Tabla, este grupo empresarial recibió más de 85 millones de dólares subsidiados tan solo en el año 2015, para la producción y distribución de alimentos a precios justos.
Los trabajadores denuncian que los dueños de la empresa "han dejado podrir la harina de maíz, ya que en el estado actual no es apta para el consumo humano. El material es vendido como materia prima para la producción de alimento de engorde para vacas y/o cochinos, producto que, al no estar regulado, aumentará la ganancia de la multinacional mexicana Gruma en detrimento de la población venezolana que ve desaparecer de su mesa lo que pudo haber sido el suministro de harina precocida para abastecer 12 mil 500 bolsas del CLAP".
En 2016 Monaca, Cargill y otras seis empresas controlaron las importaciones de trigo que en junio llegaron a las 90 mil toneladas, en julio bordearon las 90 mil y superaron las 110 mil toneladas en agosto, más del 25% el consumo histórico reciente mientras las colas en las panaderías no desaparecían.

Superar el "tabaratismo" y la dictadura alimentaria

Algunos datos de cómo estafa la agroindustria mientras nos hace creer que nos alimenta y hace progresar:
  • El 70% del mundo obtiene comida de la red campesina alimentaria, que trabaja con solamente el 25% de los recursos.
  • Por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud.
  • El costo de los daños que ocasiona la comida industrial equivale a cinco veces el gasto mundial en armas.
Ya hemos abordado el rol de la agroindustria en la guerra económica contra Venezuela. Su vinculación al sabotaje político ha sido tal que Pascualina Curcio demostró cómo entre 2003 y 2013 crecían la producción (PIB promedio), importaciones y otorgamiento de divisas mientras la escasez también crecía, siempre vinculada a eventos de relevancia política como, por ejemplo, elecciones y el fallecimiento del Comandante Hugo Chávez.
La misma Curcio ha afirmado que las empresas transnacionales y nacionales que tienen el monopolio de la producción y distribución de alimentos y medicamentos están violando los derechos humanos de la población venezolana al negar el acceso oportuno a insumos de primera necesidad de los que depende la vida, de esta manera se pone en entredicho todo el discurso liberal de libertad, igualdad y fraternidad.
Un gobierno que no obedece a las élites multinacionales en detrimento de su población es atacado junto a esa población mediante la coacción económica y un hambreo dictatorial, restringiéndose así el derecho a elegir de la mayoría, es decir, su libertad. La redistribución de la renta petrolera como mecanismo de igualar oportunidades a las mayorías empobrecidas ha sido atacada continuamente convirtiendo a nuestras relaciones sociales en un campo de batalla donde, antes que la fraternidad, prevalecen el bachaqueo y la matraca como códigos reales del capitalismo.
El modelo de desarrollo que nos vendió el "tabaratismo", fase superior del rentismo consumista, consistió en entregarle dólares a la burguesía importadora para que los fugara y nos vendiera de todo en el marco de un discurso de "tú mereces tu gota de petróleo", y como si de ellos dependiera nuestra oportunidad de ser históricos, así se decretó de facto el papel de Venezuela como una mina en el mercado global.
Reconstruir la economía y la política es un reto en el que el directorio revolucionario está al frente, nos toca crear y construir alternativas a la estafa oligárquica que nos desangra y desaparece.

El dilema de los precios, el paralelo y el desbarajuste

Las consideraciones en el marco de una economía en guerra apuntan siempre a los señalamientos a las "líneas de mando" por los resultados (negativos) en el terreno. Sobre eso yace el sentido común político, pero más allá de eso, el sentido de emergencia.
Los estragos en los bolsillos de la población como resultado de las escaladas en los sistemas de precios tienen su explicación, harto conocida, por la referenciación de los precios acorde al comportamiento del dólar paralelo. Comportamiento este además sumamente pronunciado poco antes y luego de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), siendo ello expresión de una admisión abierta de que el contexto violento-insurreccional contra el chavismo en 2017 se vio fracasado. Sobrevino la guarimba económica.
En esta vorágine económica la atención se centró sobre la ANC y sus expectativas de crear condiciones de gobernabilidad económica. Y de la mano del presidente Nicolás Maduro, las expectativas se fijaron sobre la consolidación de un sistema de precios acordados sobre 50 rubros.

La carrera de la liebre y el morrocoy

Aunque el directorio económico del Gobierno asumiera el diálogo con los agentes económicos de manera inclusiva y con el más alto sentido de sugerir espacios de reacomodo de los sistemas de precios acorde a la lógica de "ganar-ganar", el contexto bélico y la cualidad medular de la coyuntura actual no se han difuminado. Por ello se sospechaba que esta acción, en un contexto de hiperinflación inducida donde los precios de los productos y las estructuras de costos se han referenciado al "ritmo" del dólar paralelo de manera vertiginosa, pudieran carecer de viabilidad política.
¿Qué ocurrió en el diálogo con los sectores? ¿Por qué se ha dilatado tanto la publicación de los precios acordados? ¿Por qué al publicarse los precios de solo un grupo de rubros estos lucen ahora desfasados o "sumamente bajos" en comparación con los precios de esos productos en la calle? ¿Qué señal envía la "desaparición" de la carne de res una vez se fijara su nuevo precio que es hasta 60% inferior a su precio especulativo antes del anuncio?
Ocurrió en el diálogo con los sectores, que mientras los equipos del Gobierno iban de una fábrica a otra, de una reunión con productores y sectores a otra, durante los días de octubre y noviembre las variaciones en el dólar paralelo desmembraban dichos acuerdos por las llamadas modificaciones diarias de "las estructuras de costos reales" en los sectores abordados. Se generó una absurda carrera contra Dólar Today y la tolvanera especulativa, o lo que era idéntico a una carrera entre un morrocoy y una liebre.
La resistencia a la construcción de regulaciones efectivas y coherentes fue tal que la dilación se impuso, y ahora el sobredimensionamiento de los referentes monetarios en la economía real descolocan los precios acordados. Consecuencia de una comparsa nada casual. El dólar paralelo interactuó para desbaratar, antes de que naciera, la posibilidad real de crear espacios mínimos de consenso y los agentes económicos bailaron (y aún lo hacen) al unísono. ¿Por qué no habrían de hacerlo si es una economía en guerra?

El problema de la gobernanza económica

La economía luce incontrolable porque ese es su estado actual. Los detonantes hiperinflacionarios reaccionaron y los efectos de estos han evolucionado en la mengua de los bolsillos, especialmente de la clase asalariada.
No obstante, los efectos de la guerra ya han escalado desde hace mucho a sectores intermedios. Uno de ellos es la actividad comercial, acostumbrada a referenciar precios acorde al tipo de cambio paralelo, hoy sufren dramáticas caídas en sus ventas y pasaron del ciclo de recibir con beneplácito las subidas del paralelo a sentir terror. En una guerra eso sería catalogado de recibir "fuego amigo". Sucede así con algunos sectores de manufacturas de tamaño medio y otros que dependen de insumos con rotación referenciada a la tasa paralela.
Dentro de estos sectores pulula la sensación de que "sólo sobrevivirán los más fuertes", es decir, quienes logren mantener niveles saludables de ventas colocando precios exorbitantes en simultáneo. "Sálvese quien pueda".
Ahora bien, el paso de adjudicación de precios acordados para ciertos rubros se ha efectuado en medio de una diatriba sobre su factibilidad y la disputa por los inventarios. El dilema ya conocido de que el Estado y los consumidores deben "tolerar" los precios exorbitantes bajo la lógica del chantaje: "Si se regula el precio desaparece el producto".
El asedio económico es indiscutidamente teledirigido
Este momento económico coloca en el tapete dilemas elementales: para empezar hay sectores que deberán decidir si les es más rentable cerrar sus puertas, o por el contrario, trabajar con precios acordados desde sus mismos sectores y que se fundamentaron mediante rigurosos estudios a las estructuras reales de costos, aun a expensas de las distorsiones creadas por Dólar Today.
En segundo lugar, la cuestión de la aplicación de los precios acordados, que es medular. Sucesivas han sido las reacciones espasmódicas en materia de fiscalización de precios, y al día de hoy una vez ha sido desmembrada la Ley de Costos y Precios Justos, la Sundde ha demostrado consistentemente que no tiene el músculo institucional para fiscalizar en simultáneo todo el entramado económico.
En este punto la cuestión apunta a la conformación de un eficaz sistema de fiscalización popular, que supere los enormes abismos que deja la Sundde. Cuestión esa anunciada por el presidente Maduro la misma noche en que señaló la instalación del sistema de precios acordados ante la ANC.
Sobre este ítem, que es fundamental para complementar el cuadro de ajustes y acciones para el reequilibrio de algunos sistemas de precios, no ha habido noticia relevante conocida. En todo caso debería implementarse un proceso de inserción masiva de sectores organizados de la población en jornadas formativas, como las que corresponde a quienes deban prepararse para lidiar con los agentes especulativos en el terreno. El sentido de oportunidad política apuntaría a la habilitación de condiciones legales para construir un proceso de fiscalización popular expedita y efectiva, así como la habilitación legal de los fiscalizadores.
Aunque ha habido precedentes negativos en torno a los fiscalizadores populares de la mano de la Sundde, que en un punto participaron en operativos, fueron factores de tercer orden los que inhabilitaron las actuaciones acorde a la Ley para sancionar en caliente a los infractores económicos en sus propias comunidades. Hay que tomar esa referencia para no escatimar esfuerzos innecesarios y superar desafíos.
Consideremos entonces estos elementos: sentido de oportunidad para implementar medidas, sentido del contexto para efectuarlas y, finalmente, acciones para construir la viabilidad de su aplicación. No lo olvidemos: en un contexto económico bélico, asimétrico y no convencional.
La batalla en los bolsillos y las percepciones
Como elemento final a estas consideraciones, reiteremos un concepto: en política es muy importante lo que sucede, pero es tan importante como la percepción generalizada de lo que sucede. Es decir, el tema económico, tan sensible en estos momentos, demanda mucha más articulación efectiva de las respuestas por las instancias políticas correspondientes, para revertir el mapa de percepción que predomina, de inacción y descalabro.
Las acciones y reacciones esperadas se suponen acordes a las dimensiones con las que los agentes económicos de la especulación han actuado. En un contexto de guerra, el sentido del contraataque y el sentido de defensa del frente interno no son elementos inconexos; uno es complementario del otro, interactúan acompasadamente y son considerados vitales en su justa proporción. Esto significa que en una economía descontrolada a este punto, es poco lo que se puede perder si no se defiende ferozmente a la población (el frente interno) golpeando duro las cadenas especulativas (contraataque).
En estas instancias, ¿qué otra cosa es viable hacer?
La economía venezolana, al día de hoy con un andamiaje de liberación de facto de los precios, se acompasa al hecho político, pues el asedio económico es indiscutidamente teledirigido. Al igual que como afirman muchos pequeños y medianos empresarios, y también como lo afirma la clase asalariada, "sobrevivirá el más fuerte". Esa noción también debe prevalecer en el sentido común político del directorio económico.

Presos Eulogio Del Pino y Nelson Martínez por corrupción petrolera

Los dos principales ex jefes de la industria petrolera venezolana, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, han sido aprehendidos por Contrainteligencia (DGCIM) la madrugada de este jueves 30 de noviembre, por estar vinculados con varios casos de corrupción.
La información fue confirmada este mediodía en una rueda de prensa del fiscal general Tarek Williams Saab, quien detalló la relación de los dos ex funcionarios con la trama de irregularidades que investiga el Ministerio Público desde agosto de este año.
Del Pino, quien hasta el domingo 26 de noviembre fue ministro de Petróleo, está señalado por su participación en la alteración fraudulenta o "maquillaje" de las cifras de producción de crudo en la División Punta de Mata. Estos hechos ocurrieron hasta abril de este año según la investigación.
Asimismo Del Pino ha sido vinculado con el sabotaje a la producción de Petrozamora, una empresa mixta de PDVSA con la compañía rusa Gazprom.
La firma opera desde finales de 2015 varios campos petroleros en el occidental estado Zulia, y en septiembre denunció acciones de la gerencia de la estatal petrolera de Venezuela que afectaban su producción.
Martínez, por su parte, quien fue presidente de PDVSA, fue capturado por su relación con el plan de refinanciamiento ilegal de la deuda de Citgo (la filial de PDVSA en los Estados Unidos) descubierto la semana pasada. El ex alto ejecutivo contrató a Apollo Global para negociar activos de Citgo, banco experto en apropiarse de empresas con dificultades económicas para quedarse con sus activos.
Martínez fue presidente de Citgo hasta el pasado mes de julio.
Los delitos imputados son peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Nota de Misión Verdad. La lucha contra la corrupción, liderada por el actual Ministerio Público y apoyada por el Presidente de la República de Venezuela, tiene varios objetivos nacionales: 1) Proteger la principal fuente de ingreso del país. 2) Anticiparse a la judicialización del gobierno estadounidense sobre activos petroleros venezolanos. 3) Inhibir la narrativa de las sanciones. 4) Reflotar la imagen internacional de PDVSA. Esto sobre todo se hace visible con los 65 gerentes de la estatal petrolera detenidos, 16 de ellos altos cargos como Martínez y Del Pino. Además ocurrieron 15 aprehensiones en el estado Zulia. Se descubrió gran deterioro en el almacenamiento y distribución del terminal Puerto Miranda, por lo tanto se presume robo de materiales e incluso de petróleo.