Julio Borges pidió a Credit Suisse en abril bloquear a Venezuela
Una nueva arremetida correspondiente al cerco financiero y bloqueo no abiertamente declarado contra Venezuela se ha producido por parte de la entidad financiera Credit Suisse, que ha prescindido de procesar productos financieros venezolanos.
Julio Borges, quien se dirigió por vía expresa mediante una carta a 14 entidades financieras internacionales instándoles, e incluso amenazándoles, para que no participaran en el proceso abierto de monetización de reservas venezolanas de oro.
De esa manera el diputado comete abiertamente el delito de traición a los intereses de la patria.
En un memo interno, el banco suizo pidió a sus corredores que no tocaran dos obligaciones, una emitida en 2014 por la petrolera estatal Pdvsa, y otra emitida por el Estado, agregó una fuente que pidió el anonimato sin dar más detalles, reseñó AFP.
Credit Suisse solicitó igualmente a sus empleados no tocar los productos financieros emitidos después del 1° de junio de 2017 por el Gobierno venezolano.
Lo mismo para los particulares y las empresas privadas de Venezuela que deberán recibir una autorización previa del departamento de riesgos de Credit Suisse antes de realizar cualquier operación con el banco.
El banco dice que examinará todas las relaciones con Venezuela y las entidades dependientes del Gobierno para asegurarse de que su reputación no corre riesgo.
Credit Suisse quiere evitar hallarse en la misma situación de Goldman Sachs, criticado a fines de mayo por haber comprado 2 mil 800 millones de dólares de obligaciones emitidos por Pdvsa.
Paradójicamente la entidad financiera venía trabajando en el sistema venezolano oficial de divisas Dicom, en época reciente, lo que evidencia el interés de la entidad de participar en la actividad financiera en el país.
Eso descoloca la súbita decisión, que podría estar ligada al conjunto de acciones que el Departamento del Tesoro norteamericano apuntala en una modalidad de cerco y asfixia contra Venezuela, por el conjunto de sanciones que desde esa instancia se vienen dirigiendo no sólo contra funcionarios venezolanos, pues ocurre en un contexto de intimidación a las instancias financieras internacionales.
La reacción de Credit Suisse es correspondiente a las solicitudes que hace meses realizara el Presidente de la Asamblea
quien se dirigió por vía expresa
mediante una carta a 14 entidades
financieras internacionales
instándoles, e incluso
amenazándoles, para que no
participaran en el proceso abierto
de monetización de reservas
venezolanas de oro.
En ese momento Borges amenazó con declarar forajidas y no reconocidas (por un eventual nuevo gobierno) cualquier operación financiera que, según Borges, sirviera para "oxigenar" lo que él llama la "dictadura de Maduro".
De esa manera el diputado comete
abiertamente el delito de traición
a los intereses de la patria, en
nombre de ella.
El parlamento venezolano que mayoritariamente fue integrado en diciembre de 2015 por diputados de la oposición antichavista, emergió luego del ascenso de una seria coyuntura económica donde la campaña opositora se inspiró en la promesa de salvar la economía.
Julio Borges ha empleado la confianza de sus electores para actuar precisamente en la dirección contraria, convirtiéndose en un agente del boicot financiero en articulación y legitimación con las acciones del gobierno norteamericano.
El senador Marco Rubio también apoya la asfixia económica y financiera de Venezuela, siendo uno operadores más cercanos al partido Primero Justicia, del que Borges es dirigente.
En el siguiente tuit reclama a Trump "sanciones económicas significativas" contra el país.
Attacks on @potus for statement on #NorthKoreaNukes are ridiculous.They act as if #NorthKorea would act different if he used nicer words 2/4
Time has come for @Potus to impose the significant economic sanctions on the @NicolasMaduro regime that I know FOR A FACT he supports 4/4
Las acciones financieras coercitivas del gobierno de EEUU contra Venezuela toman cuerpo y consistencia, en la medida en que la gestión de Donald Trump estudia acciones de embargo a activos y exportaciones petroleras venezolanas.
Acciones esas que paradójicamente complicarían el escenario económico venezolano, empleado repetidamente en la narrativa intervencionista contra Venezuela.
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